Las deportaciones a terceros países se han convertido en uno de los capítulos más inquietantes de la política migratoria estadounidense actual. Más de 13,000 solicitantes de asilo que vivían legalmente en Estados Unidos, esperando la resolución de sus casos, han recibido sorpresivas órdenes de expulsión hacia naciones con las que jamás tuvieron vínculo alguno. Algunos debían ser enviados a Uganda sin haber pisado nunca África; otros, a Ecuador u Honduras, lugares que muchos ni siquiera podían ubicar en un mapa. Esta práctica ha sumido a miles de familias en un limbo migratorio del que pocos logran escapar.
¿Cómo funciona este mecanismo de expulsión?
El proceso comienza con unas mociones legales conocidas como pretermissions, presentadas por abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos funcionarios actúan como fiscales dentro de los tribunales migratorios y, en lugar de defender la deportación al país de origen del solicitante, solicitan el cierre del caso de asilo para reubicar al migrante en una tercera nación.
- No se evalúa el mérito del caso de asilo, sino que se desestima por completo.
- El destino lo determina el Departamento de Estado, basándose en criterios sobre persecución y tortura.
- El migrante pierde automáticamente su permiso de trabajo mientras se resuelve su situación.
Sarah Mehta, analista de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), resume el procedimiento con una frase contundente: “No están diciendo que la persona no tenga un caso. Simplemente están diciendo: vamos a desestimar este caso por completo y vamos a enviar a esa persona a otro país”.
El fallo que abrió la puerta
El detonante legal ocurrió en octubre, cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió una resolución que amplió significativamente el margen de acción del gobierno. El fallo, firmado por tres jueces ,dos designados por la secretaria de Justicia Pam Bondi y un tercero proveniente del primer mandato de Trump, permitió que cualquier migrante con una solicitud de asilo activa pudiera ser deportado a un tercer país donde supuestamente no enfrentaría persecución ni tortura.
Tras esta decisión, el ritmo de las órdenes de deportación se disparó. Datos de la organización Mobile Pathways, con sede en San Francisco, revelan que más de la mitad de las notificaciones tienen como destino Honduras, Ecuador o Uganda, mientras que el resto se distribuye entre casi tres docenas de naciones.
Vidas rotas por decisiones burocráticas
El impacto humano detrás de las cifras es devastador. Una mujer guatemalteca que llegó a la frontera en 2024, tras haber sido víctima de violencia sexual y persecución por parte de una pandilla, fue notificada en un tribunal de San Francisco de que sería enviada a Ecuador, Honduras o Uganda. Ella nunca había escuchado hablar de esos lugares.
“Cuando llegué a este país, volví a llenarme de esperanza y le di gracias a Dios por estar viva. Cuando pienso en tener que ir a esos otros países, entro en pánico porque escucho que son violentos y peligrosos”, declaró la solicitante, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
Casos similares se repiten por todo el país: un hombre afgano que huyó del Talibán y recibió una orden para Uganda, una cubana detenida en Texas tras un accidente menor con destino a Ecuador, una madre venezolana en Ohio notificada para Ecuador, y ciudadanos de Bolivia, Ecuador y otros países señalados para Honduras. La diversidad de orígenes revela que nadie está a salvo de esta política.
El limbo migratorio: sin trabajo, sin protección, sin destino
Uno de los efectos más graves de estas deportaciones a terceros países es la suspensión inmediata del permiso de trabajo. La mayoría de los afectados gozaba de autorización laboral mientras tramitaba su asilo, un derecho que desaparece junto con la orden de expulsión. Esto genera consecuencias profundas:
- Imposibilidad de generar ingresos para mantener a sus familias.
- Aumento del temor y la desconfianza en las comunidades inmigrantes.
- Presión psicológica que empuja a muchos a abandonar voluntariamente sus expedientes.
- Riesgo real de caer en la irregularidad migratoria.
Para Cassandra Charles, abogada principal del National Immigration Law Center, este efecto parece ser deliberado: “El objetivo de este gobierno es infundir miedo en la gente. Eso es lo principal”. El miedo, según los activistas, podría llevar a miles de personas a renunciar a sus procesos y regresar a países donde enfrentan riesgos graves.
Complicaciones diplomáticas que frenan las deportaciones
A pesar de la magnitud de las órdenes emitidas, las deportaciones efectivas avanzan mucho más lento de lo previsto. Según el observatorio Third Country Deportation Watch, gestionado por Refugees International y Human Rights First, se cree que menos de 100 personas han sido deportadas bajo este esquema.
Las razones son múltiples y complejas:
- Acuerdos bilaterales limitados: los Acuerdos de Cooperación en Materia de Asilo permiten a Honduras recibir apenas 10 deportados de este tipo por mes durante 24 meses.
- Barreras idiomáticas: decenas de personas enviadas a Honduras no hablan español, sino inglés, uzbeko o francés.
- Problemas logísticos: un alto funcionario ugandés confirmó que, pese a las cientos de órdenes, ningún solicitante de asilo ha llegado al país.
- Falta de vuelos: enviar aviones con pocas personas resulta poco rentable para las autoridades.
Okello Oryem, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Uganda, fue directo al respecto: “No se puede estar haciendo con una, dos personas a la vez. Cargamentos completos, esa es la manera más efectiva”.
¿Un cambio de rumbo en marzo?
A mediados de marzo, altos funcionarios jurídicos del ICE enviaron un correo electrónico a abogados de campo del Departamento de Seguridad Nacional indicando que debían dejar de presentar nuevas mociones de deportación a terceros países vinculadas a casos de asilo. El mensaje, visto por The Associated Press, no ofreció explicaciones ni confirmó si la pausa sería permanente. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de aclaración.
Sin embargo, los casos ya abiertos continúan su curso, lo que significa que miles de personas siguen sin saber cuál será su destino final. Expertos como Mehta, de la ACLU, sospechan que este receso podría ser solo el preludio de una nueva fase: “Ahora mismo están haciendo contrataciones a gran escala. Tendrán más aviones. Si consiguen más acuerdos, podrán enviar a más personas a más países”.
Conclusión: una política que genera más preguntas que respuestas
Las deportaciones a terceros países representan una de las medidas más agresivas y menos transparentes de la actual administración estadounidense. La falta de claridad sobre los acuerdos diplomáticos, el número real de personas deportadas y el destino final de cada solicitante de asilo ha creado un escenario de incertidumbre que afecta principalmente a las personas más vulnerables. Mientras el gobierno asegura estar utilizando “todas las herramientas legales disponibles” para reducir los aproximadamente dos millones de casos de asilo pendientes, la realidad muestra que las deportaciones son mucho más complicadas de lo previsto. El verdadero costo de esta política no se mide solo en cifras oficiales, sino en el sufrimiento silencioso de miles de familias que viven con el terror constante de ser enviadas a un país desconocido, sin haber cometido otro delito que buscar protección.