La deportación a terceros países se ha convertido en una de las prácticas más controvertidas y confusas dentro del sistema migratorio estadounidense. Más de 13,000 solicitantes de asilo que vivían legalmente en Estados Unidos han recibido órdenes de expulsión hacia naciones con las que no tienen ningún vínculo personal, cultural ni lingüístico, quedando atrapados en un limbo jurídico que amenaza con destruir sus vidas y sus procesos migratorios.
¿Qué está ocurriendo con los solicitantes de asilo?
Desde el verano pasado, abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recibieron instrucciones de presentar mociones conocidas como pretermissions, un recurso legal que permite cancelar solicitudes de asilo activas y abrir la puerta a la deportación. En lugar de regresar al país de origen del migrante, el gobierno estadounidense comenzó a ordenar su envío a “terceros países” como Uganda, Ecuador u Honduras.
El ritmo de estas órdenes se aceleró drásticamente en octubre, tras una resolución de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia. El fallo habilitó al Departamento de Estado a determinar que un migrante no enfrentará persecución ni tortura en prácticamente cualquier país del mundo, sin importar la conexión que esa persona tenga con ese lugar.
Historias que ilustran el drama humano
Las cifras pueden parecer abstractas, pero detrás de cada orden de deportación a terceros países hay una historia desgarradora:
- Un hombre afgano que huyó del Talibán y se refugió en el norte de Nueva York recibió la notificación de que sería enviado a Uganda, un país al que nunca ha viajado.
- Una mujer cubana que trabajaba en un Chick-fil-A de Texas fue detenida tras un accidente de tránsito menor y le comunicaron que sería deportada a Ecuador.
- Un hombre mauritano residente en Michigan enfrenta la misma amenaza: ser trasladado a Uganda.
- Una madre venezolana en Ohio fue notificada que sería enviada a Ecuador junto con otros tantos solicitantes de origen boliviano y ecuatoriano.
Quizás el caso más alarmante es el de una mujer guatemalteca que llegó a la frontera en 2024 con su hija de cuatro años, tras haber sido agredida sexualmente en múltiples ocasiones por miembros de una pandilla en su país. Embarazada producto de una violación, se sentó en un tribunal de San Francisco y escuchó cómo el abogado del ICE solicitaba su deportación, no a Guatemala, sino a Ecuador, Honduras o Uganda, países de los que jamás había oído hablar.
“Cuando pienso en tener que ir a esos otros países, entro en pánico porque escucho que son violentos y peligrosos”, expresó la mujer entre lágrimas, hablando bajo anonimato por miedo a represalias.
El limbo migratorio: sin derechos y sin respuestas
Aunque más de 13,000 personas han recibido órdenes de expulsión a terceros países, muy pocas han sido efectivamente deportadas. Según Third Country Deportation Watch, un observatorio gestionado por Refugees International y Human Rights First, se calcula que menos de 100 han sido trasladados. ¿La razón? El proceso resulta mucho más complejo de lo que el gobierno anticipaba.
Obstáculos logísticos y diplomáticos
Los Acuerdos de Cooperación en Materia de Asilo firmados con distintos países tienen límites muy estrechos. Por ejemplo, el acuerdo con Honduras permite recibir apenas 10 deportados de este tipo por mes durante 24 meses. Sin embargo, miles de órdenes se han emitido hacia ese país, incluyendo a personas que ni siquiera hablan español como idioma principal, sino inglés, uzbeko o francés.
Uganda presenta un panorama aún más paradójico: cientos de solicitantes de asilo han recibido órdenes de deportación hacia allí, pero un alto funcionario ugandés confirmó que no ha llegado ninguno. Según Okello Oryem, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Uganda, probablemente se debe a un análisis de costos, ya que enviar vuelos con una o dos personas resulta ineficiente.
Pérdida de permisos de trabajo y aumento del miedo
Todos los afectados han perdido su permiso para trabajar legalmente, un derecho que la mayoría poseía mientras tramitaba su solicitud de asilo. Esta situación ha generado una ola de preocupación y temor en las comunidades inmigrantes, pues sin empleo formal, muchas familias quedan sin sustento económico.
Para Cassandra Charles, abogada principal del National Immigration Law Center, este parece ser precisamente el objetivo: “El objetivo de este gobierno es infundir miedo en la gente. Eso es lo principal”. La estrategia, según los activistas, busca que los propios migrantes abandonen sus expedientes y decidan “autodeportarse” a sus países de origen.
¿Un cambio de rumbo en la política migratoria?
A mediados de marzo, altos funcionarios jurídicos del ICE enviaron un correo electrónico a abogados de campo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicando que debían dejar de presentar nuevas mociones de deportación a terceros países vinculadas a casos de asilo. El mensaje no ofreció motivos y el DHS no respondió a preguntas sobre si la suspensión es permanente.
Sarah Mehta, experta en temas migratorios de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), sospecha que esta pausa podría预示ar un giro hacia otras modalidades de expulsión. “Por ahora no han podido expulsar a tanta gente. Creo que eso va a cambiar”, advirtió Mehta, agregando que el gobierno está realizando contrataciones a gran escala y posiblemente ampliando su flota aérea.
El papel de Mobile Pathways y la transparencia
La organización sin fines de lucro Mobile Pathways, con sede en San Francisco, ha sido clave para visibilizar esta crisis. Sus datos revelan que más de la mitad de las 13,000 órdenes de deportación a terceros países fueron dirigidas a Honduras, Ecuador o Uganda, mientras que el resto se distribuyó entre casi tres docenas de naciones adicionales.
Estos números contrastan fuertemente con los aproximadamente dos millones de casos de asilo pendientes en el sistema migratorio, lo que demuestra que la práctica, aunque masiva en términos de órdenes emitidas, aún representa una fracción menor del total acumulado.
El futuro incierto de las solicitudes de asilo en Estados Unidos
La implementación de la deportación a terceros países ha revelado las profundas tensiones dentro del sistema migratorio estadounidense. Mientras el gobierno defiende los acuerdos como herramientas legales para combatir el “abuso” del sistema de asilo, organizaciones de derechos humanos, abogados de inmigración y comunidades afectadas denuncian una estrategia diseñada para castigar a personas vulnerables que ya enfrentan traumas severos.
Con un sistema de cortes migratorias sobrecargado, acuerdos diplomáticos limitados y una creciente presión política desde la Casa Blanca para expandir las deportaciones masivas, los próximos meses serán decisivos. La pregunta que queda en el aire es si las miles de órdenes pendientes se reactivarán con mayor fuerza o si la pausa de marzo marca el inicio de un replanteamiento, aunque sea temporal, de esta controvertida política.
Por ahora, más de 13,000 personas siguen atrapadas en el limbo, sin saber si serán encadenadas y subidas a un vuelo hacia un país que nunca han pisado, o si finalmente podrán retomar el camino que eligieron cuando solicitaron protección en Estados Unidos.